PRESENTAN REFORMA A LA LEY DE SALUD PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO
Chilpancingo, Gro., 15 de noviembre de 2022.- Para garantizar los recursos humanos, físicos y financieros que favorezcan el otorgamiento de un servicio médico eficiente y gratuito a las mujeres que decidan ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo, la diputada Elzy Camacho Pineda propuso adicionar la Ley de Salud del Estado de Guerrero.
La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRD expuso que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Refirió, asimismo, que el 20 de mayo de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el Decreto número 180 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para establecer que antes de las 12 semanas de embarazo la mujer puede decidir libremente si lo continúa o lo suspende.
Sin embargo, indicó que a pesar de que existe esta disposición legal, los servicios estatal y municipales de salud no han tomado las previsiones necesarias para garantizar los recursos humanos, físicos y materiales que permitan a las mujeres ejercer este derecho con seguridad y de manera gratuita.
Por lo anterior, Camacho Pineda considera importante establecer en la Ley de Salud que es facultad de la secretaría del ramo prever los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para que en los establecimientos de salud administrados por el estado se otorgue un servicio médico eficiente y gratuito para que las mujeres ejerzan su derecho a la interrupción legal del embarazo.
Asimismo, que es responsabilidad de los ayuntamientos disponer en los establecimientos de salud descentralizados por el Gobierno del Estado y en los propios de los municipios los recursos físicos, humanos y financieros para el citado fin.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
Iniciativas
El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, a nombre también de la diputada Nora Velázquez Martínez (Morena), presentó una iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero para establecer bases y principios que garanticen el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, particularmente en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, la diputada Jessica Alejo Rayo (Morena) propuso reformas a las leyes de Salud y Para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para establecer que todas las unidades médicas estatales cuenten con la aplicación del tamiz metabólico ampliado de manera gratuita, obligatoria y universal para los recién nacidos, y que el mismo sea aplicado en los primeros tres días posteriores al nacimiento.
Asimismo, el diputado Antonio Helguera Jiménez (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para incorporar a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) en ambos ordenamientos, como un órgano de apoyo técnico especializado de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, misma que estará encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la institución fiscalizadora.
En su oportunidad, el diputado Osbaldo Ríos Manrique (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado y a la Ley de la Juventud Guerrerense para implementar la difusión de información sobre salud sexual y reproductiva entre la ciudadanía en general, con especial atención en los jóvenes, y para que se garantice el acceso gratuito a métodos anticonceptivos en los centros de salud de la entidad.
Finalmente, el diputado Carlos Cruz López (Morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para redefinir el tipo penal de incumplimiento de obligación alimentaria y aumentar las sanciones hasta en una tercera parte para aquellos deudores que incumplan con sus obligaciones en casos en que los acreedores alimentarios sean personas con discapacidad o adultas mayores.
Estas iniciativas fueron turnadas a sus respectivas comisiones para su análisis y dictaminación pertinentes.
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